Son días agitados en México. Un juez emite ordenes de aprehensión contra un grupo de policías de la CDMX y ex agentes del Cisen por supuestas prácticas corruptas. Emilio Lozoya comparece ante las autoridades por sus desfalcos en Pemex. Un operativo del Ejército y la Guardia Nacional detiene a uno de los principales jefe narco del país.

No son cuestiones aisladas. Lo que sucede es una política del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador orientada a terminar con la impunidad. Lo que se pretende atacar es más profundo que estos casos individuales: se trata de una forma de hacer política en México.

El PRI y en cierta medida el PAN se acostumbraron durante décadas a la escuela política del llamado Grupo Atlacomulco. La filosofía inaugurada por Carlos Hank González consistía, esencialmente, en la colusión entre el poder estatal y los negocios privados.

Esta forma de entender el ejercicio de poder ha sido durante décadas uno de las principales limitantes para el desarrollo del país. Cualquier empresario con ganas de crecer y progresar tenía que doblegarse a las peores prácticas con tal de mantener su negocio a flote.

Atacar esa matriz que es la que origina casos como el de Lozoya es hacer una apuesta por la instauración definitiva de un estado de leyes. Es impulsar la certidumbre jurídica que se reclama a diario desde las cámaras empresariales y desde los partidos de oposición.

En esos ámbitos se sigue creyendo que la seguridad jurídica es una legislación pro empresa cuando en realidad se trata de asegurar un piso parejo para que todos los actores de la vida económica puedan desarrollarse y competir.

La 4T va contra un modelo de hacer negocios desde el Estado que ha sumido al país el estancamiento y el crecimiento de la desigualdad. Las noticias de estos días comienzan a señalarnos un nuevo camino.