Nuevo León
El futuro de un tribunal clave pone a prueba los acuerdos de García con PRI y PAN
La justicia administrativa concentra expedientes sensibles para los alcaldes.

 El destino del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León será una prueba de ácido para la transversalidad que Samuel García ensaya con el PRI y el PAN. Es uno de los temas de peso en el próximo periodo legislativo estatal y se trata de una instancia crucial para intereses encontrados.

Los partidos políticos pretenden que el Congreso siga teniendo la palabra final en las designaciones dicha instancia. Es entendible: allí tramitan expedientes que involucran a municipios gobernados por las fuerzas estructurales de la entidad, sobretodo los casos que ex miembros de las policías municipales impulsan contra esas corporaciones.

Pero para el Ejecutivo también es un terreno espinoso y por eso García pretende mayores alcances. En el tribunal hay demandas multimillonarias que afectarían las finanzas públicas. A saber: un litigio que familiares del ex secretario de Gobierno Manuel González  impulsan contra el Estado, una megademanda de Grupo Salinas por la contratación de las escuelas CNCI que se arrastra desde el inicio del sexenio anterior y otro asunto de alta densidad vinculado a la administración de Isssteleon.  El Palacio de Cantera no puede permitirse estos reveses en las finanzas públicas.

La ventaja política que tiene el Ejecutivo estatal es que mientras el llamado "bono democrático" se sostenga elevado este tipo de negociaciones las puede encauzar desde una posición de mayor fortaleza. Un prestigio estable les permite al PRI y al PAN no cuestionar en exceso y eso facilita acuerdos. 



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