Baja California
Bonilla municipaliza el agua de BC y ya anticipan problemas financieros por la recaudación
Se impidió el voto de Fausto Gallardo, y no circuló el dictamen durante 72 horas ¿La privatización del agua o un golpe a las arcas del nuevo gobierno?

El agua y Jaime Bonilla tienen una larga historia. Para resumir: el gobernador se hizo político cobrando deudas del agua y cabildeando para empresas del agua en Baja California y California. Y a la inversa. Se hizo empresario haciendo política con gestión pública de obras del agua en beneficio de los habitantes del estado. Este miércoles, a meses de entregar el cargo, consumó un viejo plan que data de su campaña: el Compromiso 63.

Con 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa que reforma los siguientes artículos de la Constitución: 1, 14, 15, 17, 19, 20, 52, 57, 67, 91, 101 y 108. Se adicionó además los artículos 122, 123 y 124, todos respecto de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California; así como la reforma al artículo 38 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California. Lo anterior a iniciativa del Gobierno.

Cada uno de estos cambios de Morena y los partidos aliados de la 4T (Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde), fueron presentados durante la sesión ordinaria por el legislador Elí Topete Robles, impidiendo el voto a Fausto Gallardo y rompiendo el procedimiento legislativo que conforme al Artículo 18, Fracción VII, debió circularse el dictamen con 72 horas de anticipación.

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La reforma tuvo como objetivo la municipalización de la administración del agua potable, el drenaje y el alcantarillado público en todo el estado. Lo anterior deberá discutirse aún en los cinco Cabildos, pese a que de acuerdo con el Artículo 30 Constitucional los Ayuntamientos debieron ser citados con cinco días de anticipación para participar en la discusión y aprobación del dictamen en la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos.

Fuentes al interior del Congreso explicaron a LPO que de confirmarse lo aprobado por la mayoría bonillista habrías dos consecuencias directas, además varios focos rojos. Para empezar -explicó un asesor legislativo- habría un vació presupuestal para las arcas del Gobierno del Estado, debido a que la responsabilidad y los recursos pasarían a las Presidencias Municipales.

Y en un segundo caso se abre la posibilidad de contratar servicios privados, convirtiendo un derechos ciudadanos en un negocio particular, como ya ocurre en algunos municipios del país en la renta de patrullas para la seguridad pública o incluso en la recolección de basura. La privatización del agua, por un lado; mientras la nueva administración estatal podría dejar de cobrar por el agua.


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